GINEBRA – Sesenta y cinco años después de la firma de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, insta a que se renueve el compromiso político con el fin de garantizar que todas las personas puedan disfrutar del derecho a una nacionalidad. Se estima que al menos 4,5 millones de personas en todo el mundo son apátridas o de nacionalidad indeterminada. Otros millones se ven afectadas, pero permanecen invisibles en los datos oficiales. Para ellas, la apatridia es una realidad cotidiana que puede paralizar sus vidas y que, a menudo, atrapa a generaciones en ciclos de exclusión e incertidumbre. Puede suponer la imposibilidad de obtener documentos de identidad, ir a la escuela, acceder a atención médica o trabajar legalmente. En muchos casos, puede impedir que las personas registren el nacimiento de sus hijos, se casen, posean bienes, abran una cuenta bancaria o viajen libremente. Los marcos jurídicos internacionales evolucionaron en respuesta a esta realidad. La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 estableció protecciones para las personas que ya se encontraban en situación de apatridia. La Convención de 1961 fue más allá, creando salvaguardias para evitar que se produjera la apatridia en primer lugar, incluidas medidas para garantizar que la niñez no nazca apátrida y que las personas no pierdan su nacionalidad si ello las convierte en apátridas. En la actualidad, 82 Estados son parte de la Convención de 1961, siendo Eslovenia, Sudán del Sur, y Santo Tomé y Príncipe algunos de los que se han adherido más recientemente. Pero los compromisos jurídicos por sí solos no bastan. ACNUR insta a los Estados a que traduzcan esos compromisos en resultados; protejan a las personas apátridas y les ofrezcan vías para obtener la nacionalidad; reformen las leyes y prácticas discriminatorias en materia de nacionalidad que generan nuevos casos de apatridia; se adhieran a las Convenciones de las N